La competencia desleal y su impacto en la propiedad intelectual

Por Patricia Alvear

La propiedad intelectual y la competencia desleal son dos áreas del derecho que, aunque distintas, están estrechamente relacionadas en el marco de la regulación del mercado. ¿Cómo pueden coexistir sin generar conflictos? ¿Qué límites deben respetarse para garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia? En este artículo exploraremos estas cuestiones fundamentales para empresas y creadores.

El reconocimiento constitucional de la propiedad intelectual

La Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, incluyendo la propiedad intelectual. Según el artículo 322, la ley protege los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y conexos, obtenciones vegetales y otros derechos sui géneris. Sin embargo, este reconocimiento no es absoluto. Existen normas de corrección económica que regulan su ejercicio para evitar abusos que puedan afectar la libre competencia y el derecho de los consumidores.

Propiedad intelectual y derecho de competencia

El derecho de competencia busca garantizar la libre concurrencia en el mercado y evitar la creación de monopolios ilegítimos. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en Ecuador regula aspectos como la concentración económica y el abuso de posición dominante.

En este contexto, la propiedad intelectual otorga derechos exclusivos sobre invenciones, marcas y creaciones, pero debe ejercerse sin afectar la competencia leal. Un ejemplo clave fue el caso de Pfizer, donde se determinó que la empresa generó barreras ficticias para impedir la competencia en la producción del principio activo Sildenafil.

Competencia desleal y propiedad intelectual

La competencia desleal ocurre cuando un operador económico emplea prácticas indebidas que afectan a otros actores del mercado. En Ecuador, la regulación contra la competencia desleal se encuentra dentro de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, aunque su enfoque ha sido criticado por desnaturalizar su función original.

Históricamente, la competencia desleal ha estado ligada a la protección de derechos de propiedad intelectual, especialmente en el ámbito marcario. Sin embargo, en la actualidad, su alcance es más amplio e incluye prácticas como la publicidad engañosa y el uso indebido de signos distintivos.

El papel del derecho del consumidor

El derecho del consumidor es otro factor clave en la regulación del mercado. Protege a los consumidores contra prácticas abusivas y garantiza que los productos y servicios cumplan con estándares adecuados.

La propiedad intelectual no puede ejercerse en detrimento de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los titulares de marcas y patentes deben evitar prácticas que restrinjan la oferta de productos o generen precios artificialmente altos, afectando el bienestar del consumidor.

 

Si te interesa conocer más sobre cómo la competencia desleal impacta en la propiedad intelectual y el mercado en general, te invitamos a revisar el artículo completo de la doctora Patricia Alvear. Haz clic en el siguiente enlace para acceder al recorte del articulo:

Revista digital No. 2 Panorama de la Propiedad Intelectual_DEF 2024

Compartiendo saberes para enriquecer nuestra comunidad académica

El intercambio de conocimiento es una de las bases fundamentales del crecimiento académico y profesional. En este contexto, hoy celebramos el intercambio de obras entre FDCAS y la Facultad de Derecho de la PUCE, un paso importante para la difusión del saber jurídico y el fortalecimiento de nuestra comunidad académica.

Un puente entre instituciones

Este tipo de iniciativas permiten que el conocimiento generado en nuestras facultades no solo se conserve, sino que también llegue a más personas, fomentando la colaboración y el aprendizaje mutuo. La interacción entre estudiantes, docentes e investigadores es clave para el desarrollo de nuevas ideas y enfoques en el ámbito del derecho.

Construyendo juntos el futuro del derecho

A medida que avanzamos en la construcción de una comunidad académica más sólida, este tipo de intercambios refuerzan el compromiso con la educación y la investigación. Compartir obras no solo enriquece a quienes las reciben, sino que también crea lazos duraderos entre instituciones que buscan un mismo objetivo: elevar el nivel del conocimiento y su impacto en la sociedad.

Para conocer más sobre este importante intercambio y ver imágenes del evento, te invitamos a visitar nuestra publicación en Instagram. Haz clic aquí para verlo.

En el ámbito de la integración regional en América Latina, existen dos enfoques principales: los procesos intergubernamentales y los supranacionales. Un ejemplo del primero es el Mercado Común del Sur (Mercosur), mientras que la Comunidad Andina (CAN) representa el segundo. Comprender las diferencias entre estos modelos es esencial para analizar su funcionamiento y los grados de integración que promueven.

Procesos Intergubernamentales: El Caso del Mercosur

Los procesos intergubernamentales se caracterizan por la cooperación entre Estados soberanos que toman decisiones por consenso, sin ceder competencias a una autoridad superior. En el Mercosur, las decisiones se adoptan por unanimidad, y los Estados miembros conservan su soberanía, sin delegar poderes a instituciones supranacionales. Esto implica que las normas acordadas requieren incorporación en las legislaciones nacionales para su aplicación.

Procesos Supranacionales: La Comunidad Andina

En contraste, los procesos supranacionales implican que los Estados miembros delegan parte de su soberanía a instituciones comunes que pueden tomar decisiones vinculantes. La Comunidad Andina es un ejemplo de este modelo, donde existen órganos con capacidad para emitir normas de aplicación directa en los países miembros, prevaleciendo sobre las leyes nacionales en caso de conflicto.

Principales Diferencias

• Toma de decisiones: En los procesos intergubernamentales, las decisiones se basan en el consenso entre los Estados, mientras que en los supranacionales, las instituciones comunes pueden tomar decisiones que obligan a los Estados miembros.
• Soberanía: Los Estados en procesos intergubernamentales mantienen su soberanía plena, mientras que en los supranacionales, ceden parte de ella a las instituciones del bloque.
• Aplicación de normas: Las normas en sistemas intergubernamentales requieren ser adoptadas por cada Estado para tener efecto, mientras que en los supranacionales, las normas tienen aplicación directa.

Estas diferencias influyen en la profundidad y eficacia de la integración regional, afectando aspectos como la armonización de políticas y la resolución de conflictos. Comprender estos modelos es fundamental para evaluar el desarrollo y los desafíos de los procesos de integración en América Latina.

Para una lectura más detallada sobre este tema, se recomienda el artículo disponible en la Revista Cátedra Jean Monnet

El cumplimiento de las obligaciones contractuales es fundamental en cualquier relación jurídica, especialmente en el ámbito comercial. Sin embargo, cuando una de las partes incumple lo pactado dentro del plazo estipulado, se configura una situación de mora que puede generar consecuencias legales importantes.

En su artículo publicado en la Revista de Derecho de la Corporación de Estudios y Publicaciones, el Dr. Jaime Martínez aborda este tema con profundidad, analizando la mora y sus efectos en la ejecución de los contratos. Su estudio destaca la importancia de esta figura jurídica en el tráfico comercial y su aplicación en los negocios jurídicos actuales.

¿Qué es la mora y cuándo se configura?

La mora se define como el retraso en el cumplimiento de una obligación contractual, afectando los derechos del acreedor y generando consecuencias legales para el deudor. Según el análisis del Dr. Martínez, la mora se configura en tres situaciones principales:
Cuando el deudor no cumple dentro del término estipulado en el contrato.
Cuando la prestación no puede ser ejecutada dentro de un plazo razonable y el deudor deja pasar la oportunidad sin actuar.
Cuando el deudor ha sido judicialmente requerido para cumplir con su obligación.

Consecuencias y Relevancia en el Derecho Comercial

En el ámbito comercial, la mora puede llevar a la resolución del contrato, el pago de daños y perjuicios, o la ejecución forzosa de la obligación. Es por ello que conocer sus implicaciones es crucial para empresas y profesionales del derecho.

El análisis del Dr. Martínez aporta claridad y actualidad a esta institución jurídica, permitiendo a los lectores comprender mejor su impacto y aplicación en el comercio moderno.

La Constitución Ecuatoriana reconoce y garantiza la protección de los derechos constitucionales de propiedad privada; libre empresa; libre asociación; libre contratación entre otros, estableciendo sus fines y funciones. Éstos derechos no son absolutos. Encuentran limites en su ejercicio funcional y en normas de corrección económica como las de defensa de la competencia; defensa del consumidor; y, competencia desleal. En este contexto, el presente articulo, aborda en primera instancia la categoría conceptual Derecho de Corrección Económica para luego analizar como la LORCPM (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado), regula dos de las instituciones jurídicas del derecho de corrección económica: competencia y competencia desleal. Analiza su dogmática; naturaleza; objetivos; fines y bienes jurídicos tutelares, observando la inevitable confusión que acarrea la norma interna y, reflexionando sobre su necesaria reforma.

En el mundo del arte, la protección de los derechos autorales es esencial para garantizar el reconocimiento y la justa compensación de los creadores. En Ecuador, la gestión colectiva de estos derechos ha cobrado relevancia en los últimos años, convirtiéndose en un tema de interés tanto para artistas como para especialistas en derecho.

En este contexto, la Dra. Patricia Alvear ha desarrollado un análisis profundo sobre la gestión colectiva de los derechos autorales de los artistas plásticos y visuales en Ecuador, un tema abordado en su artículo publicado en Novedades Jurídicas. Su trabajo es un aporte significativo a la difusión y defensa de estos derechos, destacando los desafíos actuales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en el país.

¿Por qué es importante la gestión colectiva de derechos autorales?

Los artistas plásticos y visuales enfrentan dificultades para hacer valer sus derechos en un entorno en el que la reproducción y distribución de obras se ha facilitado enormemente con la digitalización. En este sentido, la gestión colectiva permite:
Facilitar la protección de los derechos de autor mediante la representación legal de múltiples creadores.
Garantizar una remuneración justa por el uso de sus obras en diferentes plataformas y formatos.
Fortalecer la regulación y el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual en Ecuador.

Un llamado a la acción

El análisis de la Dra. Alvear pone sobre la mesa la urgencia de mejorar las normativas y procesos relacionados con la gestión colectiva de derechos autorales. Su estudio aporta claves fundamentales para entender cómo Ecuador puede fortalecer la protección de los creadores y generar un sistema más equitativo.

Esta es la última entrega sobre los cambios que se produjeron en el Código Social de la Economía de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

Conocimientos Tradicionales

Se incorpora una legislación específica sobre esta materia. Define a los conocimientos ancestrales (Art. 511), como todos aquellos conocimientos colectivos, tales como “prácticas métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de los pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación.

Son conocimientos entre otros, los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales”.

Reconoce los derechos colectivos de sus legítimos poseedores de estos conocimientos, así como los que pueden ser protegidos bajo esta modalidad. La prohibición de apropiación ilegítima; forma de protección y el depósito voluntario de estos conocimientos.

Lo más relevante en este título, es la exigencia de un manejo ético de la información, el acceso, uso, difusión, tratamiento y aprovechamiento de los conocimientos ancestrales, como del consentimiento libre, previo e informado, más allá de la dificultad que entrañará el ejercicio real de este derecho, como los mecanismos que se utilicen para el cumplimiento formal y de fondo de los requisitos exigidos en la ley. Establece la obligación contractual para el uso de estos conocimientos y su registro, solución de controversias, sanciones, para lo cual se crea el Consejo Consultivo de Conocimientos Tradicionales.

Conclusiones

El Código analizado presenta innumerables cambios, los que han sido solo referidos e identificados en el presente artículo, pero se advierte que traen diversas incidencias no sólo respecto de los derechos de propiedad intelectual, sino en relación a los incentivos tributarios y al sistema de innovación, ciencia y la cultura que se estructura con esta nueva ley.

Fuentes

1. Código Social de la Economía de los Conocimientos Creatividad e Innovación.
2. Ley de Propiedad Intelectual (derogada)

Autores:

Dr. Jaime Martínez – jmartinez@lexadvisorecuador.com

Dra. Patricia Alvear – palvear@lexadvisorecuador.com

NOTA: Muy pronto compartiremos el documento completo.

 

 

La quinta entrega sobre los cambios que se produjeron en el Código Social de la Economía de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

Marcas de fábrica o de servicios

Haciendo una comparación con la ley anterior, encontramos algunos cambios tales como el establecimiento expreso de limitaciones en el ejercicio de este derecho; se incorpora una normativa sobre las denominaciones de origen; las especialidades tradicionales garantizadas; y las indicaciones de procedencia.

En el Art. 359 del Código, se enumera entre otros, los signos o medios que pueden constituir una marca. Los diferentes tipos de marca como son: denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras o auditivas, olfativas, marcas colectivas y marcas de certificación. Se crea la marca país, destinada a distinguir, promocionar y posicionar la identidad cultural, socioeconómica, política, la biodiversidad, la imagen, la reputación y otros valores del país, la que será declarada mediante Decreto Ejecutivo, siendo su titular el Estado.

En el artículo 360 se amplían las prohibiciones absolutas al registro marcario. Se prohíbe el registro de signos que contengan una denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas; aquellos que reproduzcan o imiten el nombre del Estado, los Gobiernos Locales e Instituciones Públicas o sus símbolos oficiales; y aquellos que contengan la denominación de una “especialidad tradicional protegida”.

Patentes y diseños industriales

La nueva legislación conserva lineamientos de la ley anterior. Incorpora elementos tales como su finalidad, acentuando que las patentes, sirven para promover el desarrollo industrial, tecnológico y para la consecución del buen vivir.

En este contexto, se ratifica que no pueden ser patentados los conocimientos ancestrales, la biodiversidad, los recursos genéticos que contengan la diversidad biológica, y la agrobiodiversidad y el software. Regula la distribución de la titularidad de una patente, sus beneficios y regalías entre los inventores realizados en centros de investigación y de educación y por el desarrollo del cumplimiento de un contrato.

Para el régimen de licencias obligatorias determina cuando deben ser otorgadas por razones de interés público, emergencia o de seguridad nacional, prácticas anticompetitivas, en caso de una segunda patente cuya explotación requiera necesariamente del empleo de una primera, en caso de obtenciones vegetales y en caso de falta de acuerdo de los cotitulares.

En materia de propiedad intelectual, señala como otras modalidades relacionadas con ella, a la información no divulgada (Art. 506) sobre todo la relacionada con productos farmacéuticos y químicos; la autorización comercial (507); y, los datos de prueba (508). Otorga competencia a la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, la autorización a terceros para acceder a información no divulgada. (510).

En el ámbito de la propiedad Intelectual, será competente para su conocimiento, el organismo técnico que se creará para tal efecto, el que tendrá las facultades de regulación, gestión y control de los derechos de dichos derechos. Por efecto la disposición transitoria tercera de la Ley, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual existirá hasta que se establezca mediante el correspondiente decreto ejecutivo, la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

Autores:

Dr. Jaime Martínez – jmartinez@lexadvisorecuador.com

Dra. Patricia Alvear – palvear@lexadvisorecuador.com

Espere la sexta y última entrega: «Conocimientos tradicionales y conclusiones».

Le ofrecemos la cuarta entrega sobre los cambios que se produjeron en el Código Social de la Economía de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

Derechos de Autor y Derechos Conexos

En este ámbito, se incluyen cambios tales como el reconocimiento de las creaciones o adaptaciones basadas en tradiciones y prácticas ancestrales y los derechos de autor de las comunidades, como sus legítimos poseedores. Se prohíbe la explotación ilícita de estos conocimientos y ordena el respeto de los derechos colectivos.

Se reconoce los derechos patrimoniales de los autores de las obras creadas en centros educativos, como universidades o escuelas politécnicas institutos superiores entre otros, estableciendo una licencia gratuita e intransferible y no exclusiva para uso no comercial de estas obras. En caso de uso comercial, se reconoce un porcentaje no inferior al 40% de los beneficios económicos resultantes de su explotación.  En el caso de obra por encargo, se establece a favor del autor “un reconocimiento equitativo” (Art. 121) por la explotación de la obra, excepto en las creaciones de Software.

Las obras creadas con recursos del sector público, o por servidores públicos en el desempeño de sus cargos, así como las consultorías, bienes y servicios contratados por el Sistema Nacional de Contratación Pública, serán de titularidad al organismo público respectivo. En el caso de consultorías, bienes y servicios, será obligatoria su publicación y acceso por medio del Sistema Nacional de Información de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos Tradicionales.

La información y contenido de las bases de datos producto de investigaciones financiadas con recursos públicos serán de acceso abierto, salvo por razones de seguridad, soberanía, protección de acuerdo con el Código de datos personales o no personales, entre otros.

Se crea una regulación específica para el software y bases de datos. Establece límites al reconocimiento, uso y explotación del software cerrado y bases de datos; e incorpora disposiciones sobre tecnologías libres, tales como el software de código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el hardware libre. (Art. 142), que deberá ser apoyado por las instituciones u organismos del Estado y en los Centros Educativos. Así mismo se establece la migración a software de fuente abierta y la preeminencia en la adquisición del software por parte del sector público (Art. 148).

La protección de las diferentes obras autorales, se especifica con mayor detalle que la ley anterior. La protección general existente de 70 años luego de la muerte del autor, se extiende a diferentes obras, tales como la audiovisual, la fotográfica, (desde su divulgación). Respecto de los derechos de comunidades, pueblos o nacionalidades, en los que se puede determinar un derecho individual, se establece el mismo plazo de protección desde la fecha de registro, y cuando se cuente con el consentimiento colectivo. Se regulan las licencias obligatorias de los derechos de autor y conexos.

En relación a las Sociedades de Gestión Colectiva, establece una regulación más detallada que la que contenía la ley anterior. Incluye todo lo referente a su vida jurídica, objeto, destino y liquidación de las recaudaciones, tarifas, obligaciones de sus administradores; control; fiscalización; intervención y sanción.

Autores:

Dr. Jaime Martínez – jmartinez@lex.loginmktdigital.com

Dra. Patricia Alvear – palvear@lex.loginmktdigital.com

Espere la quinta entrega: “Marcas de fábrica o de servicios – Patentes y diseños industriales” (…)