Lavado de activos en el Ecuador, numeral primero. Opinión

El artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, establece que toda persona es inocente mientras no se “declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral primero describe la conducta del delito de lavado de activos, en el sentido de que “la persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito”. De acuerdo a la lectura del artículo y numeral citados, significa que cualquier persona que de manera directa o indirecta cumpla con cualquiera de los verbos identificados: transferir, poseer, administrar, utilizar, mantener, reguardar, entregar, transportar, convertir o beneficiarse de cualquier manera, será reo del delito de lavados de activos.

Del delito comentado, se entiende que debe haber un conocimiento positivo de parte del autor para dar lugar al delito de lavado de activos; la conducta debe ser dolosa, y por tanto es necesario que exista un conocimiento del cumplimiento de los verbos rectores contemplados en la norma, para que se constituya delito estudiado.

El problema encontrado, es que la norma citada parte de la violación al principio de inocencia, porque no exige el conocimiento de la infracción sancionada, sino solamente el resultado; esto significa que se trata de una responsabilidad objetiva, donde el solo resultado basta para establecer la responsabilidad penal, hecho que también es contrario al artículo 34 del mismo Código, porque esta norma necesita como presupuesto fundamental para establecer la culpabilidad de quien se encuentra dentro del proceso, que él actuó conociendo que su conducta o participación era ilegal, esto es que era contraria a las normas de derecho.

Conocer la antijuridicidad de la conducta, en el delito objeto de estudio, significa que la persona sujeta al procedimiento penal, debió haber conocido cualquiera de los verbos del tipo penal que realizó; es decir, que su actuación fue con conocimiento de la ilicitud de los bienes sujetos al cumplimientos de los verbos del tipo penal.

Evidentemente, la redacción de la norma en estudio deviene en inconstitucional e ilegal, ya que como quedó dicho, se presume siempre la inocencia de la persona y es, sobre la base de esta misma presunción, que el Estado debe demostrar su culpabilidad, y no al contrario como pretende la

norma, que el sujeto procesado demuestre su inocencia, revertiendo la carga de la prueba en su contra.

Esta principio, también está recogido en el numeral cuarto del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal que dice:

Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios:

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.

El inciso siguiente al numeral 6 del citado artículo dice:

“Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito”. (La cursiva es del autor).

La frase en cursiva da cuenta de que, sin importar la demostración legal de los delitos anteriores al lavado de activos, la fiscalía debe comprobar el origen ilícito de los fondos o de los bienes investigados. Esto no significa que la inconstitucionalidad e ilegalidad del numeral primero del artículo estudiado quede subsanada, porque no es lo mismo demostrar la ilicitud de los bienes para comprobar si existe o no el delito frente a que la persona conozca de antemano que dichos bienes o dinero provienen de fuente ilícita. En otra palabras, se debe demostrar el conocimiento de lo ilícito de la infracción cometida, para llegar a destruir la presunción de inocencia, no bastando la sola existencia material de los bienes irregulares para determinar la culpabilidad de la persona.

Es decir, el solo hecho del cumplimiento de uno o varios de los verbos rectores, no hace responsable penalmente a la persona sobre quien se encontró dicho producto, puesto que él pudo no haber conocido la antijuridicidad de la conducta, y por tanto su inocencia debe mantenerse incólume; pero si se llega a sancionar bajo este supuesto, la pena impuesta resultaría una manifestación grave de responsabilidad objetiva, proscrita por nuestra misma norma penal y constitucional.

Gabriel Ponce H (febrero 2016).

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